El presente caso nace en un contexto estructural de persecución y criminalización penal a las mujeres que sufren emergencias obstétricas, el cual deriva de la prohibición absoluta del aborto en El Salvador. Manuela fue víctima de una serie de violaciones en el marco del proceso penal que culminó con la condena por el delito de homicidio agravado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a El Salvador por la violación del derecho a la vida, a la salud, a las garantías judiciales y a la protección judicial, dado a que Manuela no recibió tratamiento medico oportuno y adecuado, produciéndose que falleciera bajo custodia del Estado.