El presente caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la existencia de deficiencias en la atención de salud prestada a la señora Rodríguez Pacheco en un centro de atención de salud privado y la violación a las garantías y protección judiciales en perjuicio de esta por la falta de investigación diligente y reparación adecuada de alegados actos de mala praxis médica cometidos, luego de que la víctima fuera sometida a una cesárea.

La Corte IDH ha establecido que el Estado tiene la obligación de establecer mecanismos efectivos contra la Violencia Obstétrica  como una forma de violencia a la mujer.